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| La Justicia |
El sector público andaluz ha reducido 18.000 plazas de funcionarios (principalmente en sanidad y educación) pero ha aumentado en
3.000 el número de contratos de la Administración paralela. Las empresas del Estado pierden 200 millones en un año. Altos cargos del Poder andaluz tenían empresas —algunos una red— que
cobraban subvenciones sin justificar de la Junta. Para salir del paso, se acudió a una "excepción" legal que permitió exonerar a más de 2.000 entidades (partidos, ayuntamientos, diputaciones, sindicatos, particulares…) de
aportar documentación probatoria de que habían destinado el dinero público a servicios públicos. [...]
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Ángel Pérez Guerra pinchar
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